El Despacho


El despacho de abogados que en la actualidad gira bajo la denominación de GARCÍA Y PEREA, C.B., fue constituido en el año 1.974, en Huelva, por D. AGUSTÍN GARCÍA GÓMEZ y D. FRANCISCO PEREA CARRASCO, Letrados, en aquél entonces, por oposición de la Administración Pública, en el Cuerpo de Administradores Generales, Grupo A, de la Junta de Andalucía.

El Despacho, tiene su sede principal en la capital de Huelva, en C/ Palos de la Frontera nº. 3, entreplanta izquierda, contando también con despachos en los partidos judiciales de La Palma del Condado y Valverde del Camino, ambos pertenecientes a la jurisdicción de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Huelva.

Tradicionalmente el bufete en cuestión se ha venido dedicando tanto al asesoramiento jurídico, como al aspecto contencioso, de cuantos temas de derecho general se le venían encomendado, si bien en los últimos años y con la finalidad de conseguir una mayor especialización, la actividad profesional se ha centrado fundamentalmente en conocimiento de temas de derecho civil, mercantil, laboral y penal, con puntuales intervenciones, en otros campos del derecho, tales como la gestión urbanística y fiscalidad empresarial, así como la promoción, planificación y desarrollo de proyectos, relacionados, esencialmente, con el sector inmobiliario y turístico.

Entre los asuntos más significativos que se han tramitado últimamente en este despacho, se encuentra la defensa de propietarios contra El Estado, en acciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas, en toda la zona del litoral de Huelva, tanto de naturaleza administrativa como civil. La intervención en defensa de las expropiaciones en la construcción de la Presa del Andévalo, por parte del Ministerio de Medio Ambiente. El estudio de la transformación de la sociedad civil anónima de Puebla de Guzmán, disuelta por imperio de ley y transformación de la misma en sociedad mercantil, con un capital social de 2.100 millones de pesetas, hoy 12.621.254,19 €, negociación de convenios urbanísticos con distintos ayuntamientos de la provincia e intención en asunto laborales afectantes a un amplio colectivo de trabajadores, así como temas de propiedad industrial sobre derecho de marca, de gran trascendencia económica y social.